EDGAR MUÑOZ
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán y la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) acusaron corrupción, congelamiento y tortuguismo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al señalar que hay cientos de casos que hasta la fecha no se han resuelto o parecen, presuntamente en el olvido en los archivos de los tribunales.
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Revelaron que tan sólo en el 2022, en las sentencias de primera instancia de lo civil familiar, hay 83 casos que suman 487 años acumulados de dilación y violencia institucional.
Coinciden en sus cuestionamientos hacia el trabajo y los resultados del Poder Judicial, pues ambas asociaciones civiles, dedicadas a luchar por los derechos de las mujeres en el Estado, sólo registran los casos de femeninas en los que no se ha hecho justicia, habrá quizá otros que no han llegado a sus registros y otros por no ser casos de mujeres, por tanto, consideran que la cifra de expedientes congelados podría ser mayor.
La Amisy, en reciente informe, indicó que de las mil 610 sentencias en primera instancia de lo civil familiar se revisaron 83 casos de guarda custodia, pensión alimenticia. En esta relación sólo se encuentran casos con tres o más años de dilación sumados todos llega a 487 años acumulados de dilación y violencia institucional.
Señalaron que los 15 casos del Juzgado Primero de lo Familiar del Sistema antiguo judicial llevan una tardanza de hasta 19 años, dos de ellos, y el resto con al menos 10 años sin ser solucionados.
El juzgado primero de oralidad tiene una decenas de expedientes congelados, dos de ellos tienen una antigüedad de seis años, y en el turno vespertino, ese juzgado acumula tres expedientes con ocho, cinco y cuatro años de no moverse.
Añadieron que los demás juzgados Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Mixtos, que operan en el interior del Estado, juntos acumulan 54 casos que acumulan entre tres y nueve años de no ser movidos, la mayoría de ellos por temas de divorcio y/o custodia de menores.
Por su parte, el OCNF, que vigila, monitorea y sistematiza información sobre la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida o producto de discriminación de género ilustra numerosos casos sonados que, por falta de sentencia o inacción de la autoridad juzgadora, condenan a vidas injustas y en total vulnerabilidad a las mujeres que recurren a la instancia buscando precisamente justicia.
“La mayoría de los casos son por violencia familiar, robo o custodia no definida de los menores o, incluso, feminicidios”, indica la representante del organismo Adelaida Salas Salazar.
La también consejera social del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) recordó un caso conocido, el de una mujer M. F.C. que desde 2016 denunció a su esposo señor H. J. G. P. por violencia familiar.
“Desde ese entonces, hasta ahora, esta mujer no ha dejado de sufrir violencia, esa que ella misma denunció, porque después vinieron actos de terror que incluyó que le arrebataran a su hija de sus brazos para no verla dos años, luego amenazas, golpes a ella y a sus familiares, amenazas, persecución y hostigamiento”, cuenta la activista.
Explica que todos esos siete años están asentados en los expedientes que obran en los juzgados de la siguiente manera: G1/448/2017 por amenazas de llamadas amenazantes,
S1-G2/000139/2018 por delito sexual en contra de su hija; 259/2018 por violencia contra su hija que acuso de ser quemada,1491/35ª/2007 por amenazas y lesiones,
1375/79/2018 por robo con violencia, 2229/39/2002 por corrupción de menores, 1203/M2/2018 por lesiones a la tía de la denunciante, 1403 /p3p3/2015 por amenazas y lesiones a la abuela, B1/CJM/B1/001164/2016 sentenciado por el delito de violencia familiar y sustracción de menores que interpuso de la afectada.
Salas Salazar entregó a 24 HORAS YUCATÁN varios casos más en los que ha prevalecido violencia intrafamiliar y todo tipo de abusos en contra de mujeres que permanecen en situación de vulnerabilidad, como ya ha sucedido, ante la falta de protección y la indecisión de los jueces.