El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), sentenció que el Congreso del estado, en el ejercicio de su soberanía y competencia, legisle para garantizar los derechos político-electorales de las personas que integran la comunidad LGBTIQ+, con el objetivo de que puedan acceder a candidaturas en los comicios locales.
En sesión pública de este lunes, se analizó el Juicio de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el expediente JDC-009/2023, que fue promovido por la diputada Salma Luevano Luna y el ciudadano Emmanuel Guzmán.
En su resolución, el Pleno del TEEY sentenció que hubo omisión legislativa respecto de los derechos políticos electorales de la comunidad LGBTIQ+ por parte del Congreso de Yucatán, por lo que le ordenó que implemente medidas que considere necesarias para el proceso electoral 2026-2027, las cuales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que este inicie.
La magistrada presidenta, Lissette Guadalupe Cetz Canché, quien fue la ponente de la sentencia, explicó que las personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+ tienen derecho a gozar y ejercer, sin distinción alguna, todos los derechos y garantías reconocidas constitucionalmente y en los tratados internacionales, por lo que resulta evidente que en el ámbito público deben contar con bases necesarias que les permitan vencer los obstáculos históricos, políticos y sociales que han enfrentado.
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Por tal razón, el Poder Legislativo está obligado a implementar los mecanismos necesarios y que considere idóneos para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual, a votar y ser votados, desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, participar en la dirección de los asuntos públicos, ser designadas o elegidas para cualquier órgano representativo, entre otros.
De igual manera, recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ha considerado el establecimiento de medidas afirmativas a favor de personas del referido sector social, con finalidad de compensar las situaciones de desventaja, revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan en el ejercicio de sus derechos y, con ellos, buscar garantizar un plano de igualdad sustancial.
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