Con el voto diferenciado de la oposición, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron reformas a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, que permite la creación de una línea aérea del Gobierno mexicano, subsana los conflictos para recuperar la categoría uno y prohibe el cabotaje.
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De acuerdo con el dictamen que se espera sea votado este jueves ante el Pleno, se crea la figura de “aeronaves de Estado”, que serán aquellas de propiedad o uso de la Federación distintas de las militares; las de los gobiernos estatales y municipales, y las de las entidades paraestatales y cuya vigencia de asignación será por tiempo indefinido.
“Y solo termina cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguardar, o por razones de seguridad nacional que la justifiquen”, establece la nueva regulación.
Además establece que “la entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que tengan las personas concesionarias de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, pero no puede transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas físicas o morales privadas”.
También prohibe las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros en territorio mexicano están prohibidas. Y señala que, el transporte aéreo entre dos o más puntos en territorio nacional se realizará por personas morales mexicanas.
En aras de recuperar la categoría 1 aeroportuaria, el dictamen establece que la Agencia Federal de Aviación Civil, debe vigilar que las personas concesionarias, asignatarias, operadoras aeroportuarias y permisionarias de aeródromos civiles que realicen operaciones de servicio al público, identifiquen sus sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones y datos críticos que empleen para los fines de la aviación civil, y en función de la evaluación de riesgos, elaboren y lleven a la práctica las medidas que correspondan para protegerlos de interferencia ilícita.
Además, los concesionarios, asignatarios, operadores aeroportuarias y permisionarios de los aeródromos civiles deben elaborar, mantener y ejecutar un programa de instrucción en seguridad de la aviación civil, de conformidad con el Programa General de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil, aprobado por la Agencia Federal de Aviación Civil.
“Las personas concesionarias, permisionarias, asignatarias y operadoras aeroportuarias de aeródromos civiles que realicen operaciones de servicio al público, deben asegurar que todos los programas de instrucción en seguridad de la aviación civil para el personal que aplica controles de seguridad comprendan la evaluación de las competencias y habilidades que deben adquirirse y el proceso de certificación establecido por la Agencia Federal de Aviación Civil”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino, recordó que desde mayo de 2021 cuando se perdió la categoría 1, las aerolíneas mexicanas no han podido abrir nuevas rutas y frecuencias entre México y Estados Unidos. Mientras que las aerolíneas extranjeras han abierto cerca de 35 nuevas rutas comparado con hace dos años, resultando en una disminución del 8.1% de los empleos que genera esta industria.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, expresó su voto a favor de la seguridad aeroportuaria, pero advirtió que la creación de una línea aérea no le conviene al Estado mexicano, “que invierta en otras cosas, en otro tipo de infraestructura para la ciudadanía. Tener mejores servicios de salud por citar un ejemplo, en policías civiles para tener mejores condiciones de paz, no en servicios aéreos. Las experiencias mundiales muestran que los Estados no saben administrar aerolíneas y el dinero se puede usar en otras cosas”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que el Estado sea administrador de los aeropuertos y de una línea aérea, puede generar una “vulneración a las reglas de competencia”.
El panista Martín del Campo, también se pronunció en contra de que el Estado sea dueño de una línea aérea administrada por la Sedena. “Yo creo que ya hemos tenido malas experiencias cuando el Estado ha querido ser copartícipe en el ámbito empresarial, en donde simple y sencillamente, el resultado no ha sido bueno”.
Su compañero de bancada, Damián Zepeda, consideró “el doble colmo, una acción más sumado a las 200 civiles que ahorita tiene el Ejército hacia la militarización de nuestro país”.
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Mientras que, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, también criticó la fundación de esta nueva aerolínea. “No ha dado unos buenos resultados, ya no en México sino a nivel mundial cuando el Estado se pone a prestar servicio de naturaleza privada o más encaminado a la práctica del sector privado, como es la propia aeronáutica”.