Con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, se aprobó, en lo general, el dictamen que contiene la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que desaparece al Conacyt.
Sin embargo, tras la votación en lo general, el pleno continuó con el análisis en lo particular de las varias reservas a la Ley que en este momento están continúan siendo presentadas. Al final de la exposición de las reservadas, el dictamen que expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, será nuevamente votada en lo particular, para ser turnada al Senado.
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La nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, ordena eliminar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
La oposición alertó y criticó que la reforma contempla una “centralización” y “control” de los proyectos de investigación.
La iniciativa contempla integrar el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que se integrará por el Conahcti, la Secretaría de Educación Pública, las universidades, instituciones de educación superior y todas las dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
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El dictamen que aún se discute esta mañana en lo particular, argumenta que el Conacyt creó fideicomisos millonarios y que, del 2001 al 2018, “bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”, transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, que “en su mayoría, eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado”.
Agrega que “el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas”.