Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconociera que la Ley 3 de 3 contra la violencia en Yucatán es constitucional y rechazara la Acción de Inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la diputada Vida Gómez Herrera (MC), una de las impulsoras de la iniciativa, destacó que se trata de una muy buena noticia respecto a las acciones afirmativas y deja un precedente respecto al interés superior de la niñez.
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“Es una muy buena noticia respecto a las acciones afirmativas, con la resolución queda un precedente respecto al interés superior de la niñez y se declara que las normas que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son válidas, es decir, que es constitucionalmente legítimo para que se refuerce el cumplimiento del pago de alimentos”, expuso.
Dijo que lo anterior implica que es mayor el beneficio de garantizar el pago de alimentos de niñas y niños para generar conciencia.
Destacó, además, que se trata de un tema que fue empujado de las organizaciones pues desde que se presentó la iniciativa siempre estuvo la sociedad civil acompañando, impulsando e incluso informando al respecto de la misma.
“Lo que sigue es mantenerse vigilantes de su cumplimiento, especialmente con la llegada del proceso electoral que iniciará en 2024”, expuso.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Hugo Lozano Poveda, celebró también que se validó la norma que impide que violentadores lleguen al poder y que, particularmente, se haya validado como constitucional la figura del deudor alimentario.
Dijo, en este sentido, que diputados y diputadas actuaron de manera correcta y apegados a la Constitución.
“No entendemos todavía la motivación de la CNDH para presentar la Acción de Inconstitucionalidad, pero esperamos que no haya sido con un tinte o un origen político; definitivamente desde el Congreso de Yucatán siempre sostuvimos la constitucionalidad de la norma y ahora lo confirma la Suprema Corte”, dijo.
Reiteró que la citada Ley tiene el objetivo de garantizar a quienes han sufrido violencia familiar, violencia de género o negligencia de la deuda alimentaria, que sus agresores no puedan convertirse en funcionarios públicos o que tengan cargos de elección.