En su más reciente informa, la agrupación Elementa DDHH hace una revisión de la política de seguridad en Yucatán, que es uno de los estados más seguros del país que en el 2021 ocupó por cuarta ocasión consecutiva el primer lugar como el estado más pacífico, de acuerdo con el Índice de Paz, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
En este contexto, la investigación realizada mediante encuestas, da cuenta que en la entidad prevalece una política de intolerancia que es atravesada por la discriminación, y que deriva en el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y en detenciones arbitrarias.
Por tanto, se expone que, debajo de una estrategia basada en la prevención y la securitizarían para repeler amenazas externas, las autoridades promueven un discurso que desconoce las violaciones a derechos humanos que se han dado como consecuencia de la política de seguridad.
Lo que se sostiene es que hay detenciones arbitrarias, de ahí el título del informe que se denomina “Intolerancia selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán”, que tienen como base una discriminación selectiva, en contra de grupos específicos de la población.
En el marco de la conmemoración del Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, la agrupación Indignación hizo también un posicionamiento señalando que “persisten detenciones arbitrarias, tortura e impunidad en Yucatán”.
Elementa DDHH señala que la idea de su investigación no es cuestionar la efectividad de la política de seguridad en términos de la reducción en la incidencia delictiva. Más bien, indagan en las conexiones que existen entre el fortalecimiento del aparato de seguridad del estado, el incremento policial, el aumento en las detenciones arbitrarias.
Hay datos que llaman la atención, como que Yucatán es el estado que más personas puso a disposición ante juez o ministerio público en el 2020 con 194 mil 438, de acuerdo con información del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021.
El 74.3 por ciento fue por presunta comisión de una falta cívica. La mayoría tuvieron lugar en Mérida y se registraron en vía pública.
De las encuestas, el 91 por ciento de las personas consideró que la discriminación fue un factor para su detención.
“La discriminación por motivos de género, raza, etnia, clase, preferencia sexual, vestimenta es el móvil de las detenciones y el criterio principal de la policía para establecer qué persona es sospechosa en ciertos espacios. Esto configura una intolerancia selectiva bajo la cual opera la política de seguridad en Yucatán, lo que ha resultado en prácticas discriminatorias y vulneraciones a derechos humanos”, señala el informe.
En las recomendaciones, proponen que se debe sensibilizar a la población sobre la discriminación, estigmatización, y las consecuencias de las detenciones arbitrarias y los actos de tortura.
Diseñar mecanismos interinstitucionales con enfoque de derechos humanos, para atender el origen estructural de la violencia y la incidencia delictiva en el estado; implementar mecanismos de rendición de cuentas respecto a la actuación de la policía.
Replantear las metodologías de capacitación de elementos de las fuerzas públicas para salvaguardar los derechos humanos con apego a los estándares internacionales; promover investigaciones ante las posibles violaciones a derechos humanos y garantizar sanciones para las autoridades responsables, así como la implementación de medidas de no repetición.
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