El 16% de la población indígena que se encuentra privada de su libertad en México está recluida en las cárceles de Yucatán, informó Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) durante la firma del convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán.
Indígenas presos, entre el racismo y la injusticia
Explicó que hasta 2020, la población penitenciaria de origen indígena en la entidad era de mil 213 individuos, de los cuales, 28.8% son personas que se comunican en lengua originaria y 60% se autoidentifican como indígenas.
Las tres entidades con mayor población indígena son Oaxaca, Yucatán y Campeche, lo que genera riesgos ante una mala práctica de las autoridades en el libre acceso a la justicia.
Firman convenio a favor de los pueblos indigenas
Agregó que en ocasiones los reclusos no tuvieron un intérprete adecuado para exponer el caso en su idioma, falta de recursos para abogados y finalmente por racismo. Lo que conlleva a una justicia inaccesible para esta población.
“Hay que recordar que el Artículo 2 de la Constitución establece no sólo el derecho al intérprete y al defensor, sino que en algunos casos hay situaciones que forman parte de la cultura y que no es un delito; por ejemplo, el consumo de alimentos propios de las comunidades que no son un delito y sí para las leyes mexicanas y, en este sentido, se establece que se observen estos elementos culturales al momento de juzgar a una persona indígena”, apuntó.
“Si para la población en general es difícil acceder a la justicia, cuando se trata de población indígena es mucho mayor; por ejemplo, no únicamente estamos ante barreras u obstáculos de la lengua o la cultura, sino de desigualdad, ya que hay personas que no tienen para sufragar este tipo de gastos para llegar y poner sus denuncias y no hay interpretes”, reconoció López Sarabia.
Este tipo de acciones han generado que en México se dejen de hablar lenguas, idiomas o dialectos para evitar ser discriminado de una forma estructural derivado a que las instituciones no se adecuan a los marcos normativos establecidos por las mismas autoridades.
Cepiadet fue fundado en 2005 “como respuesta ante la necesidad de los hablantes de lenguas indígenas por ejercer sus derechos lingüísticos, en el ámbito de la justicia”, por lo que se rigen por tres líneas estratégicas: ejercicio de derechos, acción y política pública y fortalecimiento.
REDACCIÓN