La Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Mérida emprende de manera permanente, desde 1980, el programa de rescate de fachadas en el Centro Histórico, para apoyar en el mejoramiento de viviendas situadas en el corazón de la ciudad.
El alcalde Renán Barrera Concha explicó que el apoyo se brinda mediante el área de Zonas de Patrimonio Cultural y es en beneficio de personas “que no cuentan con los recursos para rescatar sus fachadas o están en proceso de un litigio familiar por herencias”.
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“Buscamos conciliar e incluso rescatarles las fachadas, también en trabajos más profundos tratamos de hacer apoyos marginales en este sentido, porque no podemos apoyar en propiedades privadas, pero sí con asesorías, orientación y con asesorías en los exteriores. Cada caso particular se estudia para saber cómo atenderlo”, agregó.
Detalló que la intervención es de manera conjunta entre propietarios y autoridades, donde el ayuntamiento procesa los permisos correspondientes y aporta los proyectos, la mano de obra y la supervisión mientras que el dueño del inmueble proporciona el material.
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Por su parte, el titular de la dependencia encargada, Federico José Sauri Molina, detalló que actualmente existen entre 14 y 15 viviendas que se encuentran en estado riesgoso, con una situación jurídica particular o con propietarios a quienes no se les ha localizado aún.
Explicó que algunos inmuebles están construidos de mampostería y piedra, por lo que no se le puede poner cemento, por lo que se una técnica especial a base de los materiales originales.
En ese sentido, en el programa participan especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Sauri Molina recordó que en lo que va del año han intervenido entre 200 y 300 metros cuadrados al mes, es decir, un área de 30 metros de frente por 10 de alto (en una fachada pequeña).
“Cada una de las fachadas presentan problemáticas y retos distintos, hay unas muy sencillas y otras más elaboradas que llevan mucho más tiempo”, reconoció.
Sobre las viviendas que sufren un colapso explicó que en primera instancia es competencia de la Fiscalía General del Estado intervenir, así como de Protección Civil; una vez que hay un dictamen favorable por el INAH, es cuando el ayuntamiento solicita ante un juez la demolición controlada.
BELÉN MARTÍN