Sobre los resultados de los trabajos de investigación para la construcción de una agenda antirracista en los estados del sur-sureste, Yucatán cuenta con fuerte presencia indígena por principio de autoadscripción. Sin embargo, el racismo crea barreras que pueden afectar el acceso a la justicia de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y se refleja en las restricciones para usar las lenguas indígenas, particularmente, la lengua maya en contextos específicos de la entidad federativa, lo que dibuja fronteras en la geografía y la distribución de la población, informó el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (CEPIADET).
En una primera parte del estudio realizado por el organismo civil, informó que en una revisión del panorama sociodemográfico del Estado de Yucatán para conocer la distribución de la población, las instancias de impartición de justicia y su distribución a la luz de una perspectiva antirracista, permitió identificar cómo el racismo se refleja en la organización geográfica en una primera parte.
Mientras que en una segunda parte se siguió una descripción de cómo opera el racismo al interior de las instituciones con respecto a la aplicación de la norma referente a los derechos de los Pueblos Indígenas y a sus autoridades y normatividades propias.
Por ello, se realizaron entrevistas a grupos focales de una institución de impartición de justicia estatal. En un tercer apartado, presentaron el contexto de la comunidad Xcalak Dzibalkú, en el municipio de Tizimin, a fin de diseñar un panorama actual de la función de los jueces mayas y su consecuente instauración en 2014 a partir de la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán.
De acuerdo a la asociación civil, todo lo anterior, contribuyó a identificar de manera general cómo funcionan las instancias estatales e indígenas con respecto al acceso a la justicia, pluralidad jurídica y los derechos de niñas, niños y adolescentes,
Específicamente, de acuerdo con la Ley del Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán se reconoce el sistema de impartición de justicia maya, sin embargo, este reconocimiento plasmado en la normatividad no tiene un impacto real en toda la población.
Las repercusiones del racismo se pueden notar por la falta de diálogo y coordinación con estas autoridades, la estigmatización y descalificación de su trabajo y las restricciones jurisdiccionales que afectan ampliamente a la población indígena, refirió el Cepiadet.
El organismo explicó que en todo proceso de justicia se afectan derechos de niñas, niños y adolescentes, ya sea que estén vinculados directamente o no. Por ejemplo, iniciar el seguimiento de un proceso legal, significa gastos económicos considerables para las familias, que se traducen en grandes reajustes y que afectan a sus integrantes, incluidas las infancias.
El carácter punitivo de los sistemas de impartición de justicia restringe el acceso de tal manera que no permite identificar y atender las afectaciones que resultan de las sentencias. En este sistema de impartición de justicia, la víctima principal es el Estado y la justicia se considera ejercida cuando la persona que comete un delito ha sido castigada, contrario al bien común que se busca en las comunidades. Por tal razón, es frecuente que muchos niños y niñas queden en desamparo cuando sus familiares son privados de la libertad.
Dentro de los procesos de racismo que afectan el acceso a la justicia para Pueblos Indígenas, los derechos tanto colectivos como individuales de niñas, niños y adolescentes se ven vulnerados. En los estados tanto de Yucatán, Campeche y Oaxaca, hay una invisibilización de las infancias indígenas dentro de las consecuencias de los procesos judiciales como personas directamente afectadas.
Este problema genera situaciones de vulneración o riesgo de vulneración de derechos, tales como: vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, a un medio ambiente sano, a la salud, la recreación, el derecho a una familia, a la educación, a la participación y a la vida, que son algunos que se pudieron identificar durante el proceso de investigación.
Para las infancias indígenas, el aspecto comunitario tiene un papel importante en el ejercicio de estos derechos, sin embargo, se ve fracturado por procesos sociales, culturales, políticos y judiciales que colocan a niñas, niños y adolescentes indígenas en situaciones de desigualdad estructural. Por ejemplo, la migración como fenómeno social trae consecuencias en el tejido comunitario y en las familias indígenas, en especial en las infancias, todo esto como parte de las coincidencias que existen entre los tres estados de la región sur-sureste del país.
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Entre las conclusiones que presentó el organismo se señalan las siguientes: Transitar hacia una nueva cultura jurídica que lleve a la desformalización del derecho, para ello, es necesario empezar por las universidades, institutos de capacitación y escuelas judiciales, incluyendo en las matrículas de los planes educativos de derecho temas como pluralismo jurídico, epistémico y cultural, a fin de que las nuevas abogadas y abogados se formen desde procesos interculturales.
Es necesario desburocratizar los procesos judiciales a partir de un diálogo intercultural y jurisprudencial entre operadoras/es estatales y autoridades indígenas.
Fortalecer la jurisdicción indígena mediante un reconocimiento a través del diálogo intercultural y antirracista basado en el respeto y la inclusión.
Rediseñar el aparato de justicia descentralizando a las instituciones de administración y procuración de justicia para que las comunidades indígenas más alejadas puedan tener un pronto acceso a la justicia sin barreras geográficas que lo impidan, entre otros aspectos coincidentes en los tres estados de la zona sur-sureste, para mejorar el acceso a la justicia de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.
Cabe mencionar que el CEPIADET es una Organización de la Sociedad Civil mexicana, legalmente constituida de forma plural, independiente, sin fines de lucro ni afiliación partidista que busca contribuir a la construcción de un Estado pluricultural. A nivel estatal y nacional se ha colocado como un referente en el tema de acceso a la justicia, vinculándose con diversos actores de la sociedad civil e instancias gubernamentales.
Una de las principales líneas de acción del organismo es la de incidencia y monitoreo de políticas públicas en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas por lo cual lleva a cabo procesos de investigación y formación con una mirada crítica y propositiva.
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