Con la exigencia de no permanecer inertes ante la alarmante cifra de mujeres agredidas en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma presentada por la Fracción Legislativa del PRI para elevar las sanciones a quienes ejerzan violencia familiar y cometan feminicidio cuando la víctima esté embarazada.
La diputada del PRI, Karla Franco Blanco recalcó desde el Poder Legislativo expresó de manera enérgica ante el clima de violencia feminicida que se vive el país, “No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre”, explicado que esta frase reúne los ideales y anhelos surgidos de un gran reclamo hecho por millones de mujeres en México, lo cual motivó a su bancada a impulsar la reforma en materia de protección a la mujer embarazada.
La legisladora detalló que la violencia contra la mujer inicia casi siempre desde el noviazgo y continúa hasta el matrimonio, e incluso después de terminada la relación, por lo que este fenómeno, somete a la mujer a abusos físicos, patrimoniales, emocionales, psicológicos y sexuales, situación que se agudiza cuando se encuentra embarazada.
Por lo anterior, la reforma propone aumentar la pena para el delito de violencia familiar, pasando de una mínima de 2 a 3 años y de una máxima de 7 a 8 años; de igual manera, se incluye como agravante si este delito se comete en contra de una mujer en su etapa de embarazo o hasta los 6 meses posteriores al parto, donde la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras partes más de la pena máxima.
De ahí que, que, de aprobarse la modificación, los jueces penales podrán imponer condenas de más de 12 años en tal supuesto.
Yucatán sería pionero a nivel nacional al aprobar iniciativa ciudadana “3 de 3 con la violencia”
Franco Blanco, subrayó necesario frenar la violencia familiar como garantizar “cero impunidades” con las herramientas legales, ya que el objetivo es claro, que aquél que atente contra la vida e integridad de las mujeres lo pague con más años de cárcel.
Esto, atendiendo a que tristemente los delitos más graves como el feminicidio, muchas veces, tienen como punto de partida indicios de violencia familiar; por lo que además se propone que en el delito de feminicidio se considere la condición del embarazo de la víctima, y de esta manera pueda acreditarse por las autoridades como una agresión por razones de género.
Por lo anterior, se requiere “consolidar la transformación de la cultura de la no violencia en contra de la mujer, y que ésta, sólo es posible si miramos con perspectiva de género historias de mujeres cansadas, unas que gritan y otras que lloran por haber sido violentadas, pero sobre todo que exigen justicia”, cocluyó.
Belén Martín
Síguenos en nuestras redes sociales ??