BELÉN MARTÍN
De ser aprobada la iniciativa ciudadana “3 de 3 Contra la Violencia”, Yucatán sería pionero a nivel nacional al contar con este tipo de legislación, que busca desterrar de un cargo público por elección o designación a quien no cumpla con lo que la Constitución señala, llevar “un modo de vida honesto”, informó Patricia Olamendi Torres, abogada reconocida a nivel nacional e internacional por la defensa de los derechos humanos y la igualdad.
Buscan dar prioridad a honestidad en política
Si alguien está interesado en hacer carrera política y obtener un cargo público, debe contar con un historial de vida honesto, pues de acuerdo con el marco jurídico de responsabilidades, si quieres ser servidor público (por elección o designación), no debes tener ningún antecedente de denuncia o sentencia por abuso o violencia de género, adeudo de pensión alimentaria o violencia política.
Lo de vida honesta, no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmó Olamendi Torres.
Recordó que lo anterior es lo que propone la iniciativa de ley 3 de 3 contra la violencia, la cual fue presentada en el Congreso de Yucatán el pasado 25 de noviembre por la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) y avalada por la doctora en derecho.
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Motivo por el que Yucatán podría ser pionero a nivel nacional al aprobarse la iniciativa ciudadana, que busca evitar que agresores, acosadores o deudores alimentarios se postulen a puestos de elección popular o tengan un puesto de confianza en alguna dependencia de los tres niveles de Gobierno.
“Los mismos partidos políticos deberán analizar a quienes postulan o las instituciones que pretenden nombrar antes de que tomen los cargos o se presenten en elecciones, la Ley 3 de 3 busca desterrar para siempre a los que cometen delitos para que nunca más un agresor, un deudor o un violador esté en un cargo público”, manifestó.
“Yucatán será el primer estado del país que vaya con esta ley y eso es un referente nacional. No queremos que esta gente busque un cargo porque no son bienvenidos a la vida democrática ni al trabajo público”, aseveró.
No viola derechos
La también activista en materia de prevención de la violencia de género, aclaró que la iniciativa de ninguna forma viola los derechos humanos, pues esta solo exhorta a que toda aquella persona que desee participar en un proceso electoral o pretenda formar parte del gobierno, cumpla con el principal requisito, el de vivir de una manera honesta.
Recordó que en Yucatán la problemática se reflejó con diversos aspirantes a diputados y a alcaldes, de diversos partidos políticos, por lo que, en breve, será a través de la reforma constitucional que se deberá respetar dichos lineamientos de la iniciativa.
Por su parte, integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) y de la Observatoria Ciudadana, señalaron que la iniciativa de ley va por buen camino en el recinto legislativo del estado
Se continúa difundiendo y concientizando a los diversos sectores de la sociedad sobre esta ley, la cual se esperaba que se aprobara desde el 8 de marzo, sin embargo, se tiene la esperanza de que esta se avale en breve y se convierta en una realidad.