Presenta diputada Karla Franco Blanco iniciativa para reformar el Código de Familia para el Estado de Yucatán para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la entidad y que obligará a que las autoridades brinden mayor protección a la infancia y juventud, especialmente a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en Centros de Asistencia Social bajo la tutela estatal.
Durante su exposición de motivos en sesión en el Congreso del Estado, la legisladora priista destacó que todo cambio legislativo que impulse una mayor protección de la infancia y la juventud de Yucatán, “debe ser prioridad y de máxima diligencia por esta Legislatura, no solo porque tenemos un compromiso y una responsabilidad popular, sino porque es un mandato Constitucional en el que estamos obligados a fomentar, robustecer y garantizar en todos los sectores públicos o privados”.
Al presentar la iniciativa en materia de supervisión y cuidado de las niñas, niños y adolescentes sujetos a tutela pública, en representación de la Fracción Legislativa del PRI, Karla Franco informó que que hasta mediados del año 2021 y de acuerdo con cifras del INEGI del 2021, “en México, se contabilizó poco más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en espera de ser adoptados y que se encuentran en casas hogar y centros asistenciales con la supervisión de las autoridades administrativas de sistemas integrales de la familia.
En el caso particular de Yucatán, la diputada enfatizó que en diversos casos judiciales y problemáticas familiares se dan supuestos que facultan y autorizan a las juezas y jueces a retirar o suspender la guardia y custodia, así como la patria potestad de menores de edad.
Expuso que el caso más icónico en Yucatán, es el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo o CAIMEDE; “en tal centro se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes sujetos a tutela pública, ya sea por abandono, violencia en el núcleo familiar o porque están a la espera de ser adoptados. Es decir, se encuentran en un proceso judicial o administrativo de índole familiar.
Lamentablemente, en los últimos años, es común leer tanto en medios informativos como redes sociales que existe una falta de vigilancia y control de dicho centro y otros en donde se encuentran menores de edad; es preocupante enterarnos que, en el interior, se pudieran dar actos u omisiones en contra de la integridad de quienes deberían tener todas las garantías por estar bajo la tutela estatal”, expresó Franco Blanco.
Se unen para trabajar a favor de la niñez y adolescencia de Yucatán
Indicó que de ahí parte presentar la citada reforma al Código de Familia y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y, entre los cambios que se proponen, destacan los siguientes:
Que los jueces tengan un mayor control del estado que guardan los menores edad sujetos a tutela pública; y que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realice visitas de supervisión de manera mensual a los centros, en compañía de diversas autoridades en la materia, y no periódicamente como establece la legislación actual.
De aprobarse esta iniciativa –añadió–, con fundamento en los artículos 35 fracción I de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 16 y 22 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo; 68 y 69 de su propio reglamento, ambos del Estado de Yucatán, “los órganos jurisdiccionales podrán pedir información en cualquier momento sobre los menores de edad y adolescentes de los que han otorgado tutela pública.
Además, las supervisiones de la autoridad administrativa a los centros ya no quedarían sujetos a una periodicidad no especificada, sino que sería obligatorio realizarla mensualmente para conocer, de manera directa, lo que pase a esas personitas que por diversas situaciones se hallan bajo tutela estatal, concluyó la diputada.
Alberto Lugo
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